Mineros denuncian presiones del cartel de Sinaloa

El Cártel de Sinaloa (CDS) realiza la extracción ilegal de oro en el Municipio costero de San Ignacio, donde los narcotraficantes operan en complicidad con autoridades locales, denunciaron pequeños empresarios mineros.

«En San Ignacio la minería está muy controlada, acosada por el narcotráfico, y a esto se han prestado muchos presidentes municipales, principalmente Báez (Iván Ernesto Báez Martínez, ex Alcalde)», acusó un representante minero que pidió el anonimato.

La fuente señaló que muchos de los empresarios locales han sido desplazados de la actividad ante el cobro de derecho de piso y las amenazas por parte de integrantes del crimen organizado.

En las playas de El Patole, integrantes del Cártel de Sinaloa hacen hoyos, apilan arena y combinan agua de mar con químicos para extraer oro de forma ilegal.

Esa extracción se hace alrededor de la desembocadura del río Piaxtla, el único de los 11 afluentes de Sinaloa que no cuenta con presas, pero sí con una alta concentración de empresas mineras sobre las zonas altas del Municipio de San Ignacio.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los cuales fueron hackeados por el colectivo Guacamaya, se señala a Báez Martínez por tener arreglos con un presunto líder del Cártel de Sinaloa en esa región en el sur del estado.

Sobre la playa hay motores que sirven como aspiradoras de agua que toman del mar. Esa agua es vaciada en las fosas por hombres que excavan para buscar el oro. El mineral que se extrae de ahí son residuos que han viajado kilómetros por años por la gran actividad minera en la sierra.

Habitantes de El Patole han denunciado esta actividad sin mayor atención de autoridades, provocando el desplazamiento forzado para evitar represalias. Esta región es turística, considerada como un área de surfeo, además forma parte del área natural protegida de la Meseta de Cacaxtla.

Admiten impacto

El Gobierno de Sinaloa, encabezado por el morenista Rubén Rocha Moya, reconoció que el delito de la extorsión se ha convertido en un nuevo problema en el estado.

En la entidad, donde surgió y tiene sus actividades principales el Cártel de Sinaloa, no se tenía registro de ese tipo de crimen, pero la dinámica delincuencial cambió y hay nuevos mercados ilícitos explorados por esa organización.

El Gobernador Rocha ha dado a conocer que este problema comenzó a notarse con denuncias de transportistas de papa que operan en el norte del estado, sobre todo en municipios como Salvador Alvarado, Guasave, El Fuerte y Ahome, los últimos dos colindantes con Sonora.

«Ahí es un conflicto entre dos agrupaciones de transportistas, una de ellas exige exclusividad en la transportación y, presumiblemente, que tampoco se han presentado denuncias; una está protegida por algún grupo delincuencial. Se sabe esto porque ponen un distintivo al carro que paga un porcentaje», dijo el mandatario estatal.

El método utilizado por los delincuentes es el llamado «cobro de piso», con personas que recaudan el dinero bajo amenazas de causar daño a quienes se nieguen a cubrir las cuotas que les exigen para seguir operando.

Sinaloa, junto con Sonora, son de los mayores productores de papa en el País, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

La extorsión a transportistas afecta a quienes exportan la papa hacia Estados Unidos.

Este es un reconocimiento público gubernamental, aunque no hay una denuncia interpuesta, aseguró el Gobernador de Sinaloa.

Antes de ese caso que han dado a conocer productores agrícolas y transportistas de forma anónima, se reconoció también la extorsión en autobuses de pasajeros sobre la frontera de Sinaloa y Nayarit.

«Hemos tenido extorsiones arriba del camión. Es un problema que se tiene que regular. El propio chofer se para y les dice: ‘saben qué, nos van a parar y allá nos van a pedir tanto’. Eso está muy mal que lo haga personal, que debe tener responsabilidad para la gente», manifestó Rocha.

«Tenemos información de que cobran hasta mil 500 pesos cuando se trata de migrantes».

Esta información, prosiguió el Gobernador, ha sido motivo de discusión en mesas de seguridad, donde la Guardia Nacional ha confirmado que se tiene denuncias e información sobre esas bandas criminales.

El Gobierno de Sinaloa reportó en una de esas reuniones de seguridad, el 8 de febrero pasado, que en Mazatlán hay una banda que extorsiona a través de recibos de energía eléctrica.

«El superintendente me informó que colocan calcomanías en los medidores para decirles a los que van y checan que no deben cortar la luz, porque son protegidos por pagar una cuota», aseguró el Mandatario.

De ello solo se tiene la denuncia de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, quienes han sido amenazados por hacer cortes de energía.